No queremos guerra, queremos justicia y derechos humanos
Informe
Comisión de redacción
Pensar en la problemática de la violencia que perturba y lastima a nuestra sociedad como un inconveniente aislado, casi nuevo, originado por la supuesta declaración de guerra del espurio contra el narcotráfico puede resultarnos lógico si no queremos echar a andar nuestro cerebro.
La verdad es que el narcotráfico no es un problema nuevo, y que durante años ha trabajado en colaboración con sectores del estado mexicano, no importa quién haya estado en el poder. Es de todos conocido que el tráfico de drogas es un gran negocio que deja inimaginables cantidades de dinero, pero que mientras el comercio de drogas sea ilegal, irá aparejado con la violencia, sea entre bandas que disputan territorio, sea entre los narcos y el estado que pretende reprimirlos.
Si a eso sumamos la corrupción que ha existido y sigue existiendo, ya que con guerra o no, la droga sigue llegando a aquel que la consume, la idea de un gobierno que decide ponerse del lado de los buenos, termina resultando bastante absurda.
La versión oficial de las matanzas cotidianas en las calles y campos del estado es que se trata de una guerra entre bandas de narcotraficantes que disputan un territorio. Sin embargo, datos elocuentes nos dicen que si bien este elemento puede ser uno de los que caracterizan el fenómeno, más bien asistimos a una limpia que pretende eliminar la competencia de los narcotraficantes menores, de aquellos que no estén alineados a no sabemos qué cartel monopólico del infame comercio.
Lo que si nos queda claro es que hubo, hay y seguramente seguirá habiendo alianzas entre los supuestos bandos en conflicto. ¿Por qué con todo y el operativo conjunto no lograron detener a los que atentaron contra el escolta del gobernador, o quizá contra él mismo? ¿Cómo llegaron a la carretera hacia ciudad Juárez, abandonaron el vehículo, le prendieron fuego y lograron escapar? ¿Por qué no se establecieron retenes en las carreteras después de la masacre de Creel? ¿Por qué detienen a los sicarios de un cartel y nunca a los de otro? La respuesta a estas preguntas no las sabemos de cierto.
Lo que sí sabemos es que no queremos guerra. Que exigimos justicia y respeto a los derechos humanos.
Porque independientemente de los motivos que tengan los diversos bandos para matarse, ésta como casi todas, no es nuestra guerra. Asistimos a ella como espectadores y muchas veces víctimas involuntarias, sin absolutamente nada qué ganar y seguramente mucho qué perder. Nuestra vida, la de los nuestros, nuestro patrimonio y seguridad en estos momentos en esta entidad están en peligro constante, dependiendo de los vientos que soplen en una disputa que no nos toca, a no ser para poner muertos. Las instituciones que supuestamente debieran protegernos han resultado inútiles y rebasadas, si ni siquiera pueden proteger al gobernador, algo ha de fallar y muy gravemente en el gobierno.
Entendemos que en este sistema jamás habrá una paz duradera y definitiva. Mientras el valor universal en que se basan las relaciones sociales sea el dinero; mientras que el fin de la vida de los humanos sea la acumulación y el lucro, sin importar los medios con que se consiga, y aquél que lo logre será respetado y tomado en cuenta por sus semejantes, habrá guerras, de las grandes y mundiales, a las pequeñas y localizadas como la que ahora devora nuestra tierra.
De tal manera de que cuando hablamos de que no queremos guerra, decimos destrucción total del sistema que la permite.
Sin embargo, mientras esto se consigue, es nuestra obligación luchar porque la violencia como medio de disputa de los bienes materiales se mantenga a raya y mínimamente no tengamos que ser nosotros, las y los de abajo quienes paguemos los costos de las disputas de los de arriba.
El estado, en todos sus niveles dice que atiende a este grave problema. Para ello ha implementado un Operativo Conjunto que no significa otra cosa que la militarización de Chihuahua.
Los resultados han sido catastróficos. Las estadísticas dicen que precisamente a partir de la llegada de los militares a la entidad las muertes, secuestros, robos y extorsiones han aumentado estratosféricamente. Por otro lado, los resultados en el combate del narco han sido magros. No sabemos a ciencia cierta cuántos sicarios han sido detenidos, lo cierto es que casos como el de Creel siguen impunes.
Pero si ello no bastara para probar la inutilidad de la militarización, habría que mencionar la increíble fuga de Crispín del hospital Cima. Según los diarios, un comando de decenas de efectivos armados lo sustrajeron de su cama de doliente, sin que el ejército, los miles de policías que diariamente vemos en las calles o cualquier otra fuerza interviniera. ¿No era para que un acto así estableciera un frente de guerra, de ser cierto que están en disputa soldados y malandros?
De tal suerte que para nosotros la exigencia del cese de las hostilidades no implica el fortalecimiento sin límites del aparato represivo, no creemos ni en la paz que proveen los ejércitos en las calles, ni en la creación de cuerpos de policía eficientes, profesionales u honrados. Mucho menos creemos en el funcionamiento de los organismos paramilitares que pretenden acortar el camino de la impartición de justicia.
En efecto, para muchos puede resultarles justo que se esté ejecutando a aquellos que seguramente “algo hicieron”. Nuestra opinión es muy diferente. El hecho de que un comando armado llegue y ejecute a un individuo por que “en algo andaba” no nos parece un acto de justicia, incluso, la deducción que tan fácilmente se hace no nos parece válida ¿en qué se basan para decir eso?, ¿y las personas inocentes que han sido victimadas por error? ¿Que acaso no vivimos en un estado de derecho? ¿Sustituimos la ley de la constitución por la ley del más fuerte? En todo caso, si hubiera que sustituirla, estaríamos por otra que nos beneficiara a todos.
Estamos convencidos de que cualquier ser humano, no importa lo que haya hecho, tiene derecho a un juicio previo y que se le condene después de haber sido procesado. ¿Que las leyes no alcanzan? Pues vamos modificándolas, pero no justificando la existencia de comandos asesinos, independientemente de si son de los “buenos” o los “malos”. No a la militarización, ni la pública ni la oficiosa de los paramilitares.
Si a esto le agregamos un análisis materialista de lo que hace que estos hombres se dediquen a este negocio muy probablemente saldrá a la luz la gran desigualdad económica y social que existe en nuestro país. Si queremos tener un concepto practico de justicia diríamos que para todos todo, o para todos lo mismo. Una falta a la ley, un juicio y una condena. Un salario digno, acceso a salud, educación, trabajo, de manera equitativa.
Si el dinero es la causa de todos los males, al menos de la mayoría, tenemos tres opciones: lo desaparecemos, lo repartimos entre todos o nos seguimos peleando para ganar, para merecernos la vida, para valer por lo que acumulamos.
Ellos dicen: Va por la paz… suena lindo, para las personas que enajenados por la rutina, nos frustramos solamente cinco minutos frente al televisor o al periódico que tiene nuevas, que contarnos desagradables casi siempre, sólo cinco minutos, para posteriormente ir a dormir, seguir trabajando, estudiando, luchando por la vida pues
Resulta paradójico hablar de paz, en un mundo lleno de contradicciones, en un país donde existen 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, cifra que escuchamos a menudo y que pareciera estremecernos cada vez menos y nos preguntamos ¿no es el hambre un acto de violencia? es irónico hablar de paz y no condenar que el ejército haya salido a las calles, función que no le corresponde ¿sembrar el temor en las calles con 4 o 5 elementos del ejército cada cuadra no es un acto de violencia? Cuando la delincuencia organizada es solapada por el gobierno federal y se monta este teatro en la supuesta lucha contra el narcotráfico, pudiera rayar en el sarcasmo hablar de paz. Cuando se atenta contra la seguridad social de la población, cuando se suspenden las garantías individuales. Es entonces cuando me pregunto de que paz hablamos. Cuando se transita por la calles de la ciudad con temor de encontrarse en medio de una balacera entre grupos de sicarios.
Es fácil hablar de paz cuando las condiciones materiales están resueltas, pero no cuando la desesperación se vuelve un inquilino nefasto en los hogares, pues nos reducen el salario cada vez que sube el precio del maíz, del fríjol, de la gasolina.
“el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan”[1].
Pareciera que hablar de paz en estos tiempos es hablar de la paz de los de arriba, de los poderosos, para preservar el estado de derecho (sus posiciones, su poder, su control), la legalidad que atiende a las demandas de la burguesía, para no permitir al que ha sido violentado durante décadas, que exija sus derechos, pues estos trasgreden las instituciones, el estado. Luchar por un mundo más equitativo, inclusivo, justo, es sin duda una amenaza a la nación, no lo permitamos, pareciera ser el discurso de Calderón al afirmar que todo aquel que critique las acciones de los militares es un traidor a la patria y está atentando contra la estabilidad nacional. Los militares comenten abusos, roban, violan, extorsionan y eso hay que denunciarlo. ¡Fuera el ejercito de las calles!
No creemos en la lucha contra el narcotráfico, exigimos salga el ejercito de las calles y regrese al cuartel.
[1] Desfiladero. Jaime Avilés
Informe
Comisión de redacción
Pensar en la problemática de la violencia que perturba y lastima a nuestra sociedad como un inconveniente aislado, casi nuevo, originado por la supuesta declaración de guerra del espurio contra el narcotráfico puede resultarnos lógico si no queremos echar a andar nuestro cerebro.
La verdad es que el narcotráfico no es un problema nuevo, y que durante años ha trabajado en colaboración con sectores del estado mexicano, no importa quién haya estado en el poder. Es de todos conocido que el tráfico de drogas es un gran negocio que deja inimaginables cantidades de dinero, pero que mientras el comercio de drogas sea ilegal, irá aparejado con la violencia, sea entre bandas que disputan territorio, sea entre los narcos y el estado que pretende reprimirlos.
Si a eso sumamos la corrupción que ha existido y sigue existiendo, ya que con guerra o no, la droga sigue llegando a aquel que la consume, la idea de un gobierno que decide ponerse del lado de los buenos, termina resultando bastante absurda.
La versión oficial de las matanzas cotidianas en las calles y campos del estado es que se trata de una guerra entre bandas de narcotraficantes que disputan un territorio. Sin embargo, datos elocuentes nos dicen que si bien este elemento puede ser uno de los que caracterizan el fenómeno, más bien asistimos a una limpia que pretende eliminar la competencia de los narcotraficantes menores, de aquellos que no estén alineados a no sabemos qué cartel monopólico del infame comercio.
Lo que si nos queda claro es que hubo, hay y seguramente seguirá habiendo alianzas entre los supuestos bandos en conflicto. ¿Por qué con todo y el operativo conjunto no lograron detener a los que atentaron contra el escolta del gobernador, o quizá contra él mismo? ¿Cómo llegaron a la carretera hacia ciudad Juárez, abandonaron el vehículo, le prendieron fuego y lograron escapar? ¿Por qué no se establecieron retenes en las carreteras después de la masacre de Creel? ¿Por qué detienen a los sicarios de un cartel y nunca a los de otro? La respuesta a estas preguntas no las sabemos de cierto.
Lo que sí sabemos es que no queremos guerra. Que exigimos justicia y respeto a los derechos humanos.
Porque independientemente de los motivos que tengan los diversos bandos para matarse, ésta como casi todas, no es nuestra guerra. Asistimos a ella como espectadores y muchas veces víctimas involuntarias, sin absolutamente nada qué ganar y seguramente mucho qué perder. Nuestra vida, la de los nuestros, nuestro patrimonio y seguridad en estos momentos en esta entidad están en peligro constante, dependiendo de los vientos que soplen en una disputa que no nos toca, a no ser para poner muertos. Las instituciones que supuestamente debieran protegernos han resultado inútiles y rebasadas, si ni siquiera pueden proteger al gobernador, algo ha de fallar y muy gravemente en el gobierno.
Entendemos que en este sistema jamás habrá una paz duradera y definitiva. Mientras el valor universal en que se basan las relaciones sociales sea el dinero; mientras que el fin de la vida de los humanos sea la acumulación y el lucro, sin importar los medios con que se consiga, y aquél que lo logre será respetado y tomado en cuenta por sus semejantes, habrá guerras, de las grandes y mundiales, a las pequeñas y localizadas como la que ahora devora nuestra tierra.
De tal manera de que cuando hablamos de que no queremos guerra, decimos destrucción total del sistema que la permite.
Sin embargo, mientras esto se consigue, es nuestra obligación luchar porque la violencia como medio de disputa de los bienes materiales se mantenga a raya y mínimamente no tengamos que ser nosotros, las y los de abajo quienes paguemos los costos de las disputas de los de arriba.
El estado, en todos sus niveles dice que atiende a este grave problema. Para ello ha implementado un Operativo Conjunto que no significa otra cosa que la militarización de Chihuahua.
Los resultados han sido catastróficos. Las estadísticas dicen que precisamente a partir de la llegada de los militares a la entidad las muertes, secuestros, robos y extorsiones han aumentado estratosféricamente. Por otro lado, los resultados en el combate del narco han sido magros. No sabemos a ciencia cierta cuántos sicarios han sido detenidos, lo cierto es que casos como el de Creel siguen impunes.
Pero si ello no bastara para probar la inutilidad de la militarización, habría que mencionar la increíble fuga de Crispín del hospital Cima. Según los diarios, un comando de decenas de efectivos armados lo sustrajeron de su cama de doliente, sin que el ejército, los miles de policías que diariamente vemos en las calles o cualquier otra fuerza interviniera. ¿No era para que un acto así estableciera un frente de guerra, de ser cierto que están en disputa soldados y malandros?
De tal suerte que para nosotros la exigencia del cese de las hostilidades no implica el fortalecimiento sin límites del aparato represivo, no creemos ni en la paz que proveen los ejércitos en las calles, ni en la creación de cuerpos de policía eficientes, profesionales u honrados. Mucho menos creemos en el funcionamiento de los organismos paramilitares que pretenden acortar el camino de la impartición de justicia.
En efecto, para muchos puede resultarles justo que se esté ejecutando a aquellos que seguramente “algo hicieron”. Nuestra opinión es muy diferente. El hecho de que un comando armado llegue y ejecute a un individuo por que “en algo andaba” no nos parece un acto de justicia, incluso, la deducción que tan fácilmente se hace no nos parece válida ¿en qué se basan para decir eso?, ¿y las personas inocentes que han sido victimadas por error? ¿Que acaso no vivimos en un estado de derecho? ¿Sustituimos la ley de la constitución por la ley del más fuerte? En todo caso, si hubiera que sustituirla, estaríamos por otra que nos beneficiara a todos.
Estamos convencidos de que cualquier ser humano, no importa lo que haya hecho, tiene derecho a un juicio previo y que se le condene después de haber sido procesado. ¿Que las leyes no alcanzan? Pues vamos modificándolas, pero no justificando la existencia de comandos asesinos, independientemente de si son de los “buenos” o los “malos”. No a la militarización, ni la pública ni la oficiosa de los paramilitares.
Si a esto le agregamos un análisis materialista de lo que hace que estos hombres se dediquen a este negocio muy probablemente saldrá a la luz la gran desigualdad económica y social que existe en nuestro país. Si queremos tener un concepto practico de justicia diríamos que para todos todo, o para todos lo mismo. Una falta a la ley, un juicio y una condena. Un salario digno, acceso a salud, educación, trabajo, de manera equitativa.
Si el dinero es la causa de todos los males, al menos de la mayoría, tenemos tres opciones: lo desaparecemos, lo repartimos entre todos o nos seguimos peleando para ganar, para merecernos la vida, para valer por lo que acumulamos.
Ellos dicen: Va por la paz… suena lindo, para las personas que enajenados por la rutina, nos frustramos solamente cinco minutos frente al televisor o al periódico que tiene nuevas, que contarnos desagradables casi siempre, sólo cinco minutos, para posteriormente ir a dormir, seguir trabajando, estudiando, luchando por la vida pues
Resulta paradójico hablar de paz, en un mundo lleno de contradicciones, en un país donde existen 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, cifra que escuchamos a menudo y que pareciera estremecernos cada vez menos y nos preguntamos ¿no es el hambre un acto de violencia? es irónico hablar de paz y no condenar que el ejército haya salido a las calles, función que no le corresponde ¿sembrar el temor en las calles con 4 o 5 elementos del ejército cada cuadra no es un acto de violencia? Cuando la delincuencia organizada es solapada por el gobierno federal y se monta este teatro en la supuesta lucha contra el narcotráfico, pudiera rayar en el sarcasmo hablar de paz. Cuando se atenta contra la seguridad social de la población, cuando se suspenden las garantías individuales. Es entonces cuando me pregunto de que paz hablamos. Cuando se transita por la calles de la ciudad con temor de encontrarse en medio de una balacera entre grupos de sicarios.
Es fácil hablar de paz cuando las condiciones materiales están resueltas, pero no cuando la desesperación se vuelve un inquilino nefasto en los hogares, pues nos reducen el salario cada vez que sube el precio del maíz, del fríjol, de la gasolina.
“el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan”[1].
Pareciera que hablar de paz en estos tiempos es hablar de la paz de los de arriba, de los poderosos, para preservar el estado de derecho (sus posiciones, su poder, su control), la legalidad que atiende a las demandas de la burguesía, para no permitir al que ha sido violentado durante décadas, que exija sus derechos, pues estos trasgreden las instituciones, el estado. Luchar por un mundo más equitativo, inclusivo, justo, es sin duda una amenaza a la nación, no lo permitamos, pareciera ser el discurso de Calderón al afirmar que todo aquel que critique las acciones de los militares es un traidor a la patria y está atentando contra la estabilidad nacional. Los militares comenten abusos, roban, violan, extorsionan y eso hay que denunciarlo. ¡Fuera el ejercito de las calles!
No creemos en la lucha contra el narcotráfico, exigimos salga el ejercito de las calles y regrese al cuartel.
[1] Desfiladero. Jaime Avilés
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