miércoles, 8 de abril de 2009
NO QUEREMOS ESTA GUERRA!!
No queremos guerra, queremos justicia y derechos humanos
Informe
Comisión de redacción
Pensar en la problemática de la violencia que perturba y lastima a nuestra sociedad como un inconveniente aislado, casi nuevo, originado por la supuesta declaración de guerra del espurio contra el narcotráfico puede resultarnos lógico si no queremos echar a andar nuestro cerebro.
La verdad es que el narcotráfico no es un problema nuevo, y que durante años ha trabajado en colaboración con sectores del estado mexicano, no importa quién haya estado en el poder. Es de todos conocido que el tráfico de drogas es un gran negocio que deja inimaginables cantidades de dinero, pero que mientras el comercio de drogas sea ilegal, irá aparejado con la violencia, sea entre bandas que disputan territorio, sea entre los narcos y el estado que pretende reprimirlos.
Si a eso sumamos la corrupción que ha existido y sigue existiendo, ya que con guerra o no, la droga sigue llegando a aquel que la consume, la idea de un gobierno que decide ponerse del lado de los buenos, termina resultando bastante absurda.
La versión oficial de las matanzas cotidianas en las calles y campos del estado es que se trata de una guerra entre bandas de narcotraficantes que disputan un territorio. Sin embargo, datos elocuentes nos dicen que si bien este elemento puede ser uno de los que caracterizan el fenómeno, más bien asistimos a una limpia que pretende eliminar la competencia de los narcotraficantes menores, de aquellos que no estén alineados a no sabemos qué cartel monopólico del infame comercio.
Lo que si nos queda claro es que hubo, hay y seguramente seguirá habiendo alianzas entre los supuestos bandos en conflicto. ¿Por qué con todo y el operativo conjunto no lograron detener a los que atentaron contra el escolta del gobernador, o quizá contra él mismo? ¿Cómo llegaron a la carretera hacia ciudad Juárez, abandonaron el vehículo, le prendieron fuego y lograron escapar? ¿Por qué no se establecieron retenes en las carreteras después de la masacre de Creel? ¿Por qué detienen a los sicarios de un cartel y nunca a los de otro? La respuesta a estas preguntas no las sabemos de cierto.
Lo que sí sabemos es que no queremos guerra. Que exigimos justicia y respeto a los derechos humanos.
Porque independientemente de los motivos que tengan los diversos bandos para matarse, ésta como casi todas, no es nuestra guerra. Asistimos a ella como espectadores y muchas veces víctimas involuntarias, sin absolutamente nada qué ganar y seguramente mucho qué perder. Nuestra vida, la de los nuestros, nuestro patrimonio y seguridad en estos momentos en esta entidad están en peligro constante, dependiendo de los vientos que soplen en una disputa que no nos toca, a no ser para poner muertos. Las instituciones que supuestamente debieran protegernos han resultado inútiles y rebasadas, si ni siquiera pueden proteger al gobernador, algo ha de fallar y muy gravemente en el gobierno.
Entendemos que en este sistema jamás habrá una paz duradera y definitiva. Mientras el valor universal en que se basan las relaciones sociales sea el dinero; mientras que el fin de la vida de los humanos sea la acumulación y el lucro, sin importar los medios con que se consiga, y aquél que lo logre será respetado y tomado en cuenta por sus semejantes, habrá guerras, de las grandes y mundiales, a las pequeñas y localizadas como la que ahora devora nuestra tierra.
De tal manera de que cuando hablamos de que no queremos guerra, decimos destrucción total del sistema que la permite.
Sin embargo, mientras esto se consigue, es nuestra obligación luchar porque la violencia como medio de disputa de los bienes materiales se mantenga a raya y mínimamente no tengamos que ser nosotros, las y los de abajo quienes paguemos los costos de las disputas de los de arriba.
El estado, en todos sus niveles dice que atiende a este grave problema. Para ello ha implementado un Operativo Conjunto que no significa otra cosa que la militarización de Chihuahua.
Los resultados han sido catastróficos. Las estadísticas dicen que precisamente a partir de la llegada de los militares a la entidad las muertes, secuestros, robos y extorsiones han aumentado estratosféricamente. Por otro lado, los resultados en el combate del narco han sido magros. No sabemos a ciencia cierta cuántos sicarios han sido detenidos, lo cierto es que casos como el de Creel siguen impunes.
Pero si ello no bastara para probar la inutilidad de la militarización, habría que mencionar la increíble fuga de Crispín del hospital Cima. Según los diarios, un comando de decenas de efectivos armados lo sustrajeron de su cama de doliente, sin que el ejército, los miles de policías que diariamente vemos en las calles o cualquier otra fuerza interviniera. ¿No era para que un acto así estableciera un frente de guerra, de ser cierto que están en disputa soldados y malandros?
De tal suerte que para nosotros la exigencia del cese de las hostilidades no implica el fortalecimiento sin límites del aparato represivo, no creemos ni en la paz que proveen los ejércitos en las calles, ni en la creación de cuerpos de policía eficientes, profesionales u honrados. Mucho menos creemos en el funcionamiento de los organismos paramilitares que pretenden acortar el camino de la impartición de justicia.
En efecto, para muchos puede resultarles justo que se esté ejecutando a aquellos que seguramente “algo hicieron”. Nuestra opinión es muy diferente. El hecho de que un comando armado llegue y ejecute a un individuo por que “en algo andaba” no nos parece un acto de justicia, incluso, la deducción que tan fácilmente se hace no nos parece válida ¿en qué se basan para decir eso?, ¿y las personas inocentes que han sido victimadas por error? ¿Que acaso no vivimos en un estado de derecho? ¿Sustituimos la ley de la constitución por la ley del más fuerte? En todo caso, si hubiera que sustituirla, estaríamos por otra que nos beneficiara a todos.
Estamos convencidos de que cualquier ser humano, no importa lo que haya hecho, tiene derecho a un juicio previo y que se le condene después de haber sido procesado. ¿Que las leyes no alcanzan? Pues vamos modificándolas, pero no justificando la existencia de comandos asesinos, independientemente de si son de los “buenos” o los “malos”. No a la militarización, ni la pública ni la oficiosa de los paramilitares.
Si a esto le agregamos un análisis materialista de lo que hace que estos hombres se dediquen a este negocio muy probablemente saldrá a la luz la gran desigualdad económica y social que existe en nuestro país. Si queremos tener un concepto practico de justicia diríamos que para todos todo, o para todos lo mismo. Una falta a la ley, un juicio y una condena. Un salario digno, acceso a salud, educación, trabajo, de manera equitativa.
Si el dinero es la causa de todos los males, al menos de la mayoría, tenemos tres opciones: lo desaparecemos, lo repartimos entre todos o nos seguimos peleando para ganar, para merecernos la vida, para valer por lo que acumulamos.
Ellos dicen: Va por la paz… suena lindo, para las personas que enajenados por la rutina, nos frustramos solamente cinco minutos frente al televisor o al periódico que tiene nuevas, que contarnos desagradables casi siempre, sólo cinco minutos, para posteriormente ir a dormir, seguir trabajando, estudiando, luchando por la vida pues
Resulta paradójico hablar de paz, en un mundo lleno de contradicciones, en un país donde existen 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, cifra que escuchamos a menudo y que pareciera estremecernos cada vez menos y nos preguntamos ¿no es el hambre un acto de violencia? es irónico hablar de paz y no condenar que el ejército haya salido a las calles, función que no le corresponde ¿sembrar el temor en las calles con 4 o 5 elementos del ejército cada cuadra no es un acto de violencia? Cuando la delincuencia organizada es solapada por el gobierno federal y se monta este teatro en la supuesta lucha contra el narcotráfico, pudiera rayar en el sarcasmo hablar de paz. Cuando se atenta contra la seguridad social de la población, cuando se suspenden las garantías individuales. Es entonces cuando me pregunto de que paz hablamos. Cuando se transita por la calles de la ciudad con temor de encontrarse en medio de una balacera entre grupos de sicarios.
Es fácil hablar de paz cuando las condiciones materiales están resueltas, pero no cuando la desesperación se vuelve un inquilino nefasto en los hogares, pues nos reducen el salario cada vez que sube el precio del maíz, del fríjol, de la gasolina.
“el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan”[1].
Pareciera que hablar de paz en estos tiempos es hablar de la paz de los de arriba, de los poderosos, para preservar el estado de derecho (sus posiciones, su poder, su control), la legalidad que atiende a las demandas de la burguesía, para no permitir al que ha sido violentado durante décadas, que exija sus derechos, pues estos trasgreden las instituciones, el estado. Luchar por un mundo más equitativo, inclusivo, justo, es sin duda una amenaza a la nación, no lo permitamos, pareciera ser el discurso de Calderón al afirmar que todo aquel que critique las acciones de los militares es un traidor a la patria y está atentando contra la estabilidad nacional. Los militares comenten abusos, roban, violan, extorsionan y eso hay que denunciarlo. ¡Fuera el ejercito de las calles!
No creemos en la lucha contra el narcotráfico, exigimos salga el ejercito de las calles y regrese al cuartel.
[1] Desfiladero. Jaime Avilés
Informe
Comisión de redacción
Pensar en la problemática de la violencia que perturba y lastima a nuestra sociedad como un inconveniente aislado, casi nuevo, originado por la supuesta declaración de guerra del espurio contra el narcotráfico puede resultarnos lógico si no queremos echar a andar nuestro cerebro.
La verdad es que el narcotráfico no es un problema nuevo, y que durante años ha trabajado en colaboración con sectores del estado mexicano, no importa quién haya estado en el poder. Es de todos conocido que el tráfico de drogas es un gran negocio que deja inimaginables cantidades de dinero, pero que mientras el comercio de drogas sea ilegal, irá aparejado con la violencia, sea entre bandas que disputan territorio, sea entre los narcos y el estado que pretende reprimirlos.
Si a eso sumamos la corrupción que ha existido y sigue existiendo, ya que con guerra o no, la droga sigue llegando a aquel que la consume, la idea de un gobierno que decide ponerse del lado de los buenos, termina resultando bastante absurda.
La versión oficial de las matanzas cotidianas en las calles y campos del estado es que se trata de una guerra entre bandas de narcotraficantes que disputan un territorio. Sin embargo, datos elocuentes nos dicen que si bien este elemento puede ser uno de los que caracterizan el fenómeno, más bien asistimos a una limpia que pretende eliminar la competencia de los narcotraficantes menores, de aquellos que no estén alineados a no sabemos qué cartel monopólico del infame comercio.
Lo que si nos queda claro es que hubo, hay y seguramente seguirá habiendo alianzas entre los supuestos bandos en conflicto. ¿Por qué con todo y el operativo conjunto no lograron detener a los que atentaron contra el escolta del gobernador, o quizá contra él mismo? ¿Cómo llegaron a la carretera hacia ciudad Juárez, abandonaron el vehículo, le prendieron fuego y lograron escapar? ¿Por qué no se establecieron retenes en las carreteras después de la masacre de Creel? ¿Por qué detienen a los sicarios de un cartel y nunca a los de otro? La respuesta a estas preguntas no las sabemos de cierto.
Lo que sí sabemos es que no queremos guerra. Que exigimos justicia y respeto a los derechos humanos.
Porque independientemente de los motivos que tengan los diversos bandos para matarse, ésta como casi todas, no es nuestra guerra. Asistimos a ella como espectadores y muchas veces víctimas involuntarias, sin absolutamente nada qué ganar y seguramente mucho qué perder. Nuestra vida, la de los nuestros, nuestro patrimonio y seguridad en estos momentos en esta entidad están en peligro constante, dependiendo de los vientos que soplen en una disputa que no nos toca, a no ser para poner muertos. Las instituciones que supuestamente debieran protegernos han resultado inútiles y rebasadas, si ni siquiera pueden proteger al gobernador, algo ha de fallar y muy gravemente en el gobierno.
Entendemos que en este sistema jamás habrá una paz duradera y definitiva. Mientras el valor universal en que se basan las relaciones sociales sea el dinero; mientras que el fin de la vida de los humanos sea la acumulación y el lucro, sin importar los medios con que se consiga, y aquél que lo logre será respetado y tomado en cuenta por sus semejantes, habrá guerras, de las grandes y mundiales, a las pequeñas y localizadas como la que ahora devora nuestra tierra.
De tal manera de que cuando hablamos de que no queremos guerra, decimos destrucción total del sistema que la permite.
Sin embargo, mientras esto se consigue, es nuestra obligación luchar porque la violencia como medio de disputa de los bienes materiales se mantenga a raya y mínimamente no tengamos que ser nosotros, las y los de abajo quienes paguemos los costos de las disputas de los de arriba.
El estado, en todos sus niveles dice que atiende a este grave problema. Para ello ha implementado un Operativo Conjunto que no significa otra cosa que la militarización de Chihuahua.
Los resultados han sido catastróficos. Las estadísticas dicen que precisamente a partir de la llegada de los militares a la entidad las muertes, secuestros, robos y extorsiones han aumentado estratosféricamente. Por otro lado, los resultados en el combate del narco han sido magros. No sabemos a ciencia cierta cuántos sicarios han sido detenidos, lo cierto es que casos como el de Creel siguen impunes.
Pero si ello no bastara para probar la inutilidad de la militarización, habría que mencionar la increíble fuga de Crispín del hospital Cima. Según los diarios, un comando de decenas de efectivos armados lo sustrajeron de su cama de doliente, sin que el ejército, los miles de policías que diariamente vemos en las calles o cualquier otra fuerza interviniera. ¿No era para que un acto así estableciera un frente de guerra, de ser cierto que están en disputa soldados y malandros?
De tal suerte que para nosotros la exigencia del cese de las hostilidades no implica el fortalecimiento sin límites del aparato represivo, no creemos ni en la paz que proveen los ejércitos en las calles, ni en la creación de cuerpos de policía eficientes, profesionales u honrados. Mucho menos creemos en el funcionamiento de los organismos paramilitares que pretenden acortar el camino de la impartición de justicia.
En efecto, para muchos puede resultarles justo que se esté ejecutando a aquellos que seguramente “algo hicieron”. Nuestra opinión es muy diferente. El hecho de que un comando armado llegue y ejecute a un individuo por que “en algo andaba” no nos parece un acto de justicia, incluso, la deducción que tan fácilmente se hace no nos parece válida ¿en qué se basan para decir eso?, ¿y las personas inocentes que han sido victimadas por error? ¿Que acaso no vivimos en un estado de derecho? ¿Sustituimos la ley de la constitución por la ley del más fuerte? En todo caso, si hubiera que sustituirla, estaríamos por otra que nos beneficiara a todos.
Estamos convencidos de que cualquier ser humano, no importa lo que haya hecho, tiene derecho a un juicio previo y que se le condene después de haber sido procesado. ¿Que las leyes no alcanzan? Pues vamos modificándolas, pero no justificando la existencia de comandos asesinos, independientemente de si son de los “buenos” o los “malos”. No a la militarización, ni la pública ni la oficiosa de los paramilitares.
Si a esto le agregamos un análisis materialista de lo que hace que estos hombres se dediquen a este negocio muy probablemente saldrá a la luz la gran desigualdad económica y social que existe en nuestro país. Si queremos tener un concepto practico de justicia diríamos que para todos todo, o para todos lo mismo. Una falta a la ley, un juicio y una condena. Un salario digno, acceso a salud, educación, trabajo, de manera equitativa.
Si el dinero es la causa de todos los males, al menos de la mayoría, tenemos tres opciones: lo desaparecemos, lo repartimos entre todos o nos seguimos peleando para ganar, para merecernos la vida, para valer por lo que acumulamos.
Ellos dicen: Va por la paz… suena lindo, para las personas que enajenados por la rutina, nos frustramos solamente cinco minutos frente al televisor o al periódico que tiene nuevas, que contarnos desagradables casi siempre, sólo cinco minutos, para posteriormente ir a dormir, seguir trabajando, estudiando, luchando por la vida pues
Resulta paradójico hablar de paz, en un mundo lleno de contradicciones, en un país donde existen 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, cifra que escuchamos a menudo y que pareciera estremecernos cada vez menos y nos preguntamos ¿no es el hambre un acto de violencia? es irónico hablar de paz y no condenar que el ejército haya salido a las calles, función que no le corresponde ¿sembrar el temor en las calles con 4 o 5 elementos del ejército cada cuadra no es un acto de violencia? Cuando la delincuencia organizada es solapada por el gobierno federal y se monta este teatro en la supuesta lucha contra el narcotráfico, pudiera rayar en el sarcasmo hablar de paz. Cuando se atenta contra la seguridad social de la población, cuando se suspenden las garantías individuales. Es entonces cuando me pregunto de que paz hablamos. Cuando se transita por la calles de la ciudad con temor de encontrarse en medio de una balacera entre grupos de sicarios.
Es fácil hablar de paz cuando las condiciones materiales están resueltas, pero no cuando la desesperación se vuelve un inquilino nefasto en los hogares, pues nos reducen el salario cada vez que sube el precio del maíz, del fríjol, de la gasolina.
“el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan”[1].
Pareciera que hablar de paz en estos tiempos es hablar de la paz de los de arriba, de los poderosos, para preservar el estado de derecho (sus posiciones, su poder, su control), la legalidad que atiende a las demandas de la burguesía, para no permitir al que ha sido violentado durante décadas, que exija sus derechos, pues estos trasgreden las instituciones, el estado. Luchar por un mundo más equitativo, inclusivo, justo, es sin duda una amenaza a la nación, no lo permitamos, pareciera ser el discurso de Calderón al afirmar que todo aquel que critique las acciones de los militares es un traidor a la patria y está atentando contra la estabilidad nacional. Los militares comenten abusos, roban, violan, extorsionan y eso hay que denunciarlo. ¡Fuera el ejercito de las calles!
No creemos en la lucha contra el narcotráfico, exigimos salga el ejercito de las calles y regrese al cuartel.
[1] Desfiladero. Jaime Avilés
viernes, 27 de marzo de 2009
La aberración del descaro
ASESINO ABSUELTO
Aqui en México, los criminales de lesa humanidad, los asesinos, los violadores de los derechos humanos, los torturadores, los que desaparecen personas y los responsables expuestos, son absueltos con un aberrante descaro.
Les presentamos la fotografia de uno de ellos.
FNCR Chihuahua
domingo, 7 de diciembre de 2008
Boletin Informativo Sindicato de Mineros
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO—
--BOLETÍN INFORMATIVO—
81/2008
Viernes 5 de diciembre de 2008
*Paros mineros en cuatro estados en demanda de liberación inmediata de los dirigentes sindicales Juan Linares Montufar y Carlos Pavón Campos
*Exigimos también la perentoria liberación de los fondos sindicales ilegalmente incautados, que son propiedad de los trabajadores mineros
*Hay un creciente repudio nacional y mundial contra las acciones anti obreras del gobierno
Viernes 5 de diciembre de 2008
*Paros mineros en cuatro estados en demanda de liberación inmediata de los dirigentes sindicales Juan Linares Montufar y Carlos Pavón Campos
*Exigimos también la perentoria liberación de los fondos sindicales ilegalmente incautados, que son propiedad de los trabajadores mineros
*Hay un creciente repudio nacional y mundial contra las acciones anti obreras del gobierno
En protesta contra la embestida y agresiones del actual gobierno y de las empresas Grupo México y Altos Hornos de México contra el Sindicato Nacional de Mineros, este día se realizaron combativos paros escalonados de labores en las Secciones y Fracciones de los estados de Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila.
Los trabajadores mineros, metalúrgicos y similares de estos estados, como todos los del país, demandan en esta forma la inmediata liberación de los fondos sindicales incautados ilegalmente por el gobierno, así como la de los compañeros Juan Linares Montufar y Carlos Pavón Campos, dirigentes nacionales del Sindicato, detenidos ilegalmente por agentes de la AFI-PGR, respectivamente el miércoles 5 y el jueves 6 de este mes.
Los paros de labores son legítimas y justificadas protestas ante los abusos de poder que significan la arbitraria congelación de fondos del Organismo Sindical, los cuales son propiedad de los trabajadores, y las detenciones ilegales y también arbitrarias de los compañeros dirigentes nacionales Juan Linares Montufar, Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, y Carlos Pavón Campos, Secretario de Asuntos Políticos de la Organización Minera, con todo lo cual este gobierno pretende asfixiar y descabezar al Organismo Sindical para favorecer los intereses espurios de Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México y asesino hasta hoy impune de mineros, y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA y corrupto empresario terrorista antisindical.
El Sindicato Minero, en referencia a estos hechos, declara que no nos van a detener, seguiremos luchando contra este gobierno que pisotea los derechos obreros y arremete contra la libertad y la autonomía sindical, para favorecer a empresarios voraces y arrogantes, con la complicidad de autoridades corruptas que están al servicio de estos oscuros intereses, en vez de resolver los múltiples y agudos problemas del país, que se están agudizando día con día.
Los paros de labores fueron aprobados en la H. XXXV Convención General Ordinaria efectuada en mayo de este año, y ratificados en la Reunión de Secretarios Generales de las Secciones y Fracciones de todo el país efectuada posteriormente, como recurso de acción sindical ante la eventualidad de atentados contra la seguridad y la vida de los dirigentes sindicales mineros.
Las múltiples agresiones sufridas en casi tres años de conflicto minero no nos han doblegado ni nos harán flaquear en nuestra justa lucha por la dignidad sindical, por la autonomía e independencia de nuestra organización y por los derechos obreros, como el de huelga, sobre los cuales este gobierno y los empresarios rapaces pretenden pasar por encima.
Por otra parte, comunicamos que crecientes fuerzas federales y estatales, armadas hasta los dientes, están llegando a Cananea, Sonora, con la evidente pretensión de romper la huelga legalmente declarada que allí se desarrolla. Los trabajadores de la Sección 65 en huelga, están preparados para repeler cualquier agresión de las fuerzas armadas y como consecuencia, tanto ellos como el Sindicato Nacional de Mineros responsabilizamos al gobierno federal de las graves consecuencias que la presencia y acción de dichas fuerzas armadas puedan acarrear. Los trabajadores nos estamos anticipando ante las evidentes intenciones de reprimir la huelga de Cananea y advertimos que no nos sorprenderán.
Queremos hacer notar que para hoy ya son incontables las expresiones de apoyo a la lucha de los mineros que han llegado hasta nosotros, tanto de sindicatos (por ejemplo, del Sindicato Mexicano de Electricistas) como de organismos no gubernamentales (Frente Nacional Contra la Represión), muchas de las cuales se han hecho públicas, procedentes tanto de México, como de federaciones y agrupaciones de todo el mundo.
sábado, 26 de julio de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
Atoyac de Álvarez, Guerrero. Empiezan excavaciones
Presentación inmediata deDesaparecidos Políticos.
Presos Políticos:
Libertad
Para su conocimiento y difusion
México, D. F. a 4 de julio de 2008.
Reciba saludos fraternos de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM.
Reciba saludos fraternos de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM invitan a todas las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y a la sociedad en general a presenciar en calidad de testigos las excavaciones que darán inicio en la Ciudad de los Servicios, Ex Cuartel Militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero el día 7 de julio a las 9:00 AM.
Está previsto que las excavaciones duren de 15 a 40 días y los horarios de trabajo serán todo el día. Están participando peritos adscritos a la Procuraduría General de la República en las materias de antropología forense, criminalística de campo, ingeniería y arquitectura, fotografía, video y medicina forense.
Por parte de los familiares estará presente una arqueóloga forense miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Son 7 las zonas fijadas a excavar: el Campo de Tiro, el adjunto al campo de tiro, la cancha de basquetbol y pozo, el triángulo, los chiqueros, los baños y el Zanjon.
Como lo demuestran diversas experiencias en América Latina, las exhumaciones tienen un potencial reparador para los familiares de desaparecidos, así como a nivel comunitario. Sin embargo, existe el riesgo de retraumatización y de daño cuando se realizan acciones de mala praxis. Las exhumaciones son el resultado de la lucha por la verdad y la justicia de los familiares durante años, y una condición fundamental para que las exhumaciones cumplan su papel reparador es la participación de los familiares en el proceso.
Por esta razón los familiares agrupados en AFADEM han establecido una serie de condiciones mínimas para la realización de las excavaciones y unas posibles exhumaciones:
- Que las autoridades informen de los planes en relación a la diligencia con anticipación y coordinen las actividades con ellos para garantizar la participación de los familiares de desaparecidos.
- Que estén presentes en el proceso antropólogos forenses de confianza.
- Que la excavación, posterior exhumación, así como la entrega de los restos y los dictámenes forenses respeten la dignidad de las víctimas y los familiares, y no causen mayor sufrimiento psicológico.
- Que se tome en cuenta a los familiares en las tareas de seguridad en relación con las excavaciones.
En la década de los 60, 70 y 80 el Estado mexicano implementó una política de represión sistemática y generalizada dirigida en contra de los miembros o simpatizantes de grupos sociales y políticos disidentes del régimen autoritario en el poder, el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero es representativo de esta política de represión, ya que es el municipio con mayor numero de desaparecidos, ascendiendo a mas de 470.
A quedado demostrado que las personas detenidas no fueron presentadas ante las autoridades competentes, sino llevadas a centros de detención clandestina, los cuales se instalaron en las zonas militares del país, en el estado de Guerrero en particular, se habilitó como centro de detención clandestino, entre otros, el Cuartel General de la zona militar de Atoyac de Álvarez.
Asimismo, ninguno de los responsables ha sido llevado ante la justicia, y hasta la fecha, la impunidad prevalece, aún cuando el gobierno mexicano asuma que vivimos en un Estado democrático.
Han sido muchos los años en que los familiares organizados en AFADEM entre otros y las organizaciones de la sociedad civil hemos luchado por conocer la verdad sobre el destino y paradero de los desaparecidos. Son muchos los caminos recorridos y las formas de lucha utilizadas por los que se ha exigido justicia para ellos.
Las excavaciones que se realizaran en ciertas zonas en el Ex Cuartel Militar del municipio de Atoyac de Álvarez representa un hecho histórico de gran importancia y trascendencia en la búsqueda de la verdad y justicia en nuestro país y consideramos fundamental que la sociedad esté enterada del proceso y que de estar dentro de sus condiciones acudan a presenciar el proceso en calidad de testigos.
Estar enterados de lo que sucede en torno a estos casos repercute a toda la ciudadanía, pues el conocimiento de la verdad sobre el fin de los desaparecidos en manos de militares, representa una forma de reparar las secuelas tan graves que genera la desaparición forzada, no sólo para los familiares, sino también para toda la sociedad.
La participación de la ciudadanía como testigos presenciales durante las excavaciones, será un medio para exigirle al Estado que estas diligencias sean llevadas correctamente y no sólo un disimulo para callar nuestras voces. Estar al tanto de que sean excavadas adecuadamente cada una de las zonas delimitadas para ello, significaría una forma de apoyo a los familiares de los desaparecidos y una forma de exigencia al Estado.
Sin más por el momento
FRATERNALMENTE
JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de FEDEFAM
lunes, 30 de junio de 2008
DEBATE SOBRE EL PETROLEO...
La entrega del petróleo: quiénes, por qué, para qué
La reforma energética propuesta por el Poder Ejecutivo ha sido demolida en cada uno de sus puntos y motivos a lo largo de los debates públicos de estas semanas, junto con los argumentos de sus partidarios puestos a defender una falacia. Ha quedado como lo que es: una tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana. No tiene caso venir a repetir lo ya dicho. Me basta hacer mías, entre tantas otras, las razones y las pruebas aducidas días atrás por Javier Jiménez Espriú en impecable escrito.
En cuanto a la situación de hecho, es la siguiente. Después de 36 años, las grandes empresas del petróleo regresan a Irak. Después de 70 años de la expropiación de 1938, en medio de la actual fiebre especulativa mundial en el mercado petrolero, esas empresas se disponen a regresar a México pasando por encima de la Constitución y de las leyes de esta nación.
Pero aquí no hubo, como en Irak, guerra o invasión extranjera. Lo que tuvo lugar es un cambio de mando del Estado. La vieja y exhausta clase dirigente, cuyo modo político de ejercicio y de negociación del mando se encarnaba en el PRI y en sus tratos con el antiguo PAN, ha sido sustituida en el ejercicio del poder por el mando del capital financiero mexicano bajo el amparo de las finanzas internacionales.
Este nuevo mando es la encarnación en México del orden social neoliberal mundial –orden social, no modelo económico, pues es un nuevo orden social del capital lo que se expande en el mundo de inicios del siglo XXI.
Ese mando todavía no ha encontrado su forma política ideal, su modo de trato y negociación con la nación mexicana y con su pueblo. Está tanteando cómo modelar esa relación, cómo consolidarse y superar la actual fragmentación de los poderes entre los gobernadores, donde cada uno actúa como dueño y señor de su territorio frente al gobierno central y a sus propios gobernados. Hasta don Porfirio se escandalizaría si viera este espectáculo...
*
El mando del capital financiero necesita encontrar, unificar y legitimar sus formas políticas y está resuelto a lograrlo. Por eso el desmantelamiento de los pilares de la Constitución, malamente disfrazado de leyes reglamentarias. Otros gobiernos antes fueron desmantelando a Pemex durante décadas para dejarla a punto de privatización, como aquí mismo lo han documentado técnicos y especialistas. Pero para consolidarse, y no sólo para hacer negocios, este nuevo mando necesita ahora desmantelar además el patrimonio nacional entero, pues la forma de existencia de ese capital al cual representa consiste en penetrar capilarmente en todos los poros de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales e imaginarias de la nación, y en las de ésta con el territorio y la naturaleza.
Esta mutación financiera del poder mexicano tiene su actual representante en el gobierno de Felipe Calderón y Agustín Carstens, avalado en 2006 sólo por un tercio de los votantes en un proceso electoral por demás tenebroso.
No estamos, pues, ante un mando estabilizado con un partido histórico en el gobierno. Tampoco se trata de una vulgar mafia movida sólo por afanes de corrupción, como suele argumentarse en su contra. Estamos, por el contrario, ante un verdadero y real grupo dirigente de advenedizos que a sus espaldas tienen el poder de las finanzas y el monopolio televisivo. Lo encabeza la dupla Calderón-Carstens. No se les detendrá con calificativos ni con insultos que apenas sirven como desahogo.
Este grupo dirigente está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos históricos, culturales, económicos y jurídicos de esta comunidad nacional verdadera e ilusoria que se llama México, para consolidar en cambio el orden social y político de la nueva riqueza financiera en ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990.
De esto y nada menos es de lo que se trata.
*
Pero una nación no es un montón de gente viviendo sobre un territorio. Es una comunidad humana, tanto real como imaginaria, con un pasado y una cultura comunes, con intereses compartidos y conflictos de intereses, en la cual leyes escritas y no escritas regulan las relaciones y las vidas. Lo primero se llama historia; lo segundo, economía; lo tercero, política y estatuto jurídico.
En tales premisas se sustentó la expropiación de 1938 con sus amarres constitucionales y legales. El petróleo no es en México una simple propiedad. Es un patrimonio de la nación y de su pueblo. No es mineral inerte, es herencia común y es trabajo objetivado y acumulado por generaciones. Todo eso es ignorado por la propuesta privatizadora de Felipe Calderón y Agustín Carstens.
El discurso de los expropiadores de 1938, los generales Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica, fue un discurso de soberanía, un discurso de legalidad y un discurso de trabajo. Se lo puede encontrar tal cual en los Apuntes del presidente Cárdenas editados por esta universidad.
Discurso de soberanía porque, para recuperar el petróleo, ambos generales consideraron y sopesaron la coyuntura internacional y concluyeron, con razón y con pericia, que las grandes potencias estaban por entrar en una guerra mundial y no podrían defender hasta el fin a sus compañías en México. Tendrían que negociar y así lo hicieron, Estados Unidos el primero pues era quien, en caso de guerra, mayor valor estratégico concedía a ese mineral contiguo. El discurso de soberanía era así, además, un discurso geoestratégico. Ambos están ausentes en la propuesta del Poder Ejecutivo.
Discurso de legalidad porque el presidente Cárdenas sustentó la medida expropiatoria por un lado en la rebeldía de las compañías petroleras ante un laudo de la Suprema Corte, con lo cual desafiaban la ley de la nación; por el otro, en el dominio eminente de ésta, heredado de la Corona española, sobre el suelo, el subsuelo, los mares y los cielos de su territorio. Contra esa legalidad va la iniciativa del actual gobierno.
Discurso de trabajo porque la recuperación del petróleo se apoyó en una movilización nacional, antecedida y preparada por un reparto agrario sin precedentes y articulada en torno a la organización y la movilización de los trabajadores de la industria petrolera y de su sindicato. Trabajadores de la industria y sindicato siguen existiendo. Pero están hoy ausentes de estos debates y al sindicato lo controla una burocracia corrompida, cliente y cómplice de cada gobierno en turno.
La ausencia de todo discurso del trabajo, el silencio y la exclusión de los trabajadores y sus organizaciones, es el indicio ominoso de que esta proyectada entrega forma parte del asalto general del capital financiero contra el trabajo, rasgo definitorio del nuevo orden social global. Este es, empero, un tema mucho más vasto a ser abordado en otras sedes.
Con creces se ha demostrado en estas semanas que la premura tecnológica y la premura económica son añagazas, así como se ha probado que es simple chantaje la amenaza de que, si no se privatiza Pemex, no habrá recursos para educación, salud y el supuesto “combate a la pobreza”. Una reforma fiscal que hiciera pagar a las grandes fortunas los impuestos normales en los países democráticos daría los recursos y liberaría a Pemex de la exacción actual por parte del Estado.
*
La iniciativa privatizadora Calderón-Carstens tiene otro sesgo amenazante. El patrimonio petrolero es parte de cualquier política de soberanía y seguridad nacional frente a potencias externas y sus gobiernos. Esta iniciativa dejaría a México desprotegido y subordinado a la política militar de Estados Unidos y a su plataforma continental de seguridad. Las fuerzas armadas mexicanas quedarían en condición de vasallaje ante el Pentágono, objetivo también de la Iniciativa Mérida.
Al hacer depender a esas fuerzas de la tecnología y el armamento de la potencia vecina; al utilizarlas repetidamente contra el pueblo mexicano y sus movimientos, como sucede con creciente gravedad en Chiapas y en la frontera sur; al embarcarlas en la guerra contra el narco, tarea policial por excelencia; al promover que el “turismo” extranjero se vaya apropiando de costas y penínsulas de México, en especial de Baja California, el presente gobierno prepara porvenires funestos para este país.
Este es el marco general de su reforma energética. Mañana nos propondrán arrendar Baja California para instalar bases militares de Estados Unidos porque el petróleo ya se enajenó y no hay dinero para salud y educación...
La defensa de la nación y de su soberanía requiere además el cese de la violencia interna. Por un lado, es urgente reconocer los derechos indígenas y así cortar de raíz la guerra interior latente y presente en Chiapas. Por el otro, urge ubicar y definir con precisión los sustentos de la guerra del narco en tanto operación de desestabilización militar del territorio. ¿Quién la apadrina y alimenta, a cuál diseño está sirviendo? No me cuadran los capos y sus fortunas como explicación única y suficiente.
*
Como tema de esta mesa se nos pregunta acerca de las consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la iniciativa oficial de reforma petrolera. Después de lo antes dicho, respondo: en la presente crisis financiera mundial, en vísperas de un posible cambio de dirección política en Estados Unidos, en tiempos de guerras declaradas y no declaradas, cuando el patrimonio petrolero es como nunca un producto estratégico, entregarlo al capital privado es lanzar a la nación mexicana a una aventura política, geopolítica, jurídica y social.
Tales consecuencias nos llevarían a un desastre nacional. Habrá que impedirlo por todos los medios necesarios.
En cuanto a la situación de hecho, es la siguiente. Después de 36 años, las grandes empresas del petróleo regresan a Irak. Después de 70 años de la expropiación de 1938, en medio de la actual fiebre especulativa mundial en el mercado petrolero, esas empresas se disponen a regresar a México pasando por encima de la Constitución y de las leyes de esta nación.
Pero aquí no hubo, como en Irak, guerra o invasión extranjera. Lo que tuvo lugar es un cambio de mando del Estado. La vieja y exhausta clase dirigente, cuyo modo político de ejercicio y de negociación del mando se encarnaba en el PRI y en sus tratos con el antiguo PAN, ha sido sustituida en el ejercicio del poder por el mando del capital financiero mexicano bajo el amparo de las finanzas internacionales.
Este nuevo mando es la encarnación en México del orden social neoliberal mundial –orden social, no modelo económico, pues es un nuevo orden social del capital lo que se expande en el mundo de inicios del siglo XXI.
Ese mando todavía no ha encontrado su forma política ideal, su modo de trato y negociación con la nación mexicana y con su pueblo. Está tanteando cómo modelar esa relación, cómo consolidarse y superar la actual fragmentación de los poderes entre los gobernadores, donde cada uno actúa como dueño y señor de su territorio frente al gobierno central y a sus propios gobernados. Hasta don Porfirio se escandalizaría si viera este espectáculo...
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El mando del capital financiero necesita encontrar, unificar y legitimar sus formas políticas y está resuelto a lograrlo. Por eso el desmantelamiento de los pilares de la Constitución, malamente disfrazado de leyes reglamentarias. Otros gobiernos antes fueron desmantelando a Pemex durante décadas para dejarla a punto de privatización, como aquí mismo lo han documentado técnicos y especialistas. Pero para consolidarse, y no sólo para hacer negocios, este nuevo mando necesita ahora desmantelar además el patrimonio nacional entero, pues la forma de existencia de ese capital al cual representa consiste en penetrar capilarmente en todos los poros de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales e imaginarias de la nación, y en las de ésta con el territorio y la naturaleza.
Esta mutación financiera del poder mexicano tiene su actual representante en el gobierno de Felipe Calderón y Agustín Carstens, avalado en 2006 sólo por un tercio de los votantes en un proceso electoral por demás tenebroso.
No estamos, pues, ante un mando estabilizado con un partido histórico en el gobierno. Tampoco se trata de una vulgar mafia movida sólo por afanes de corrupción, como suele argumentarse en su contra. Estamos, por el contrario, ante un verdadero y real grupo dirigente de advenedizos que a sus espaldas tienen el poder de las finanzas y el monopolio televisivo. Lo encabeza la dupla Calderón-Carstens. No se les detendrá con calificativos ni con insultos que apenas sirven como desahogo.
Este grupo dirigente está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos históricos, culturales, económicos y jurídicos de esta comunidad nacional verdadera e ilusoria que se llama México, para consolidar en cambio el orden social y político de la nueva riqueza financiera en ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990.
De esto y nada menos es de lo que se trata.
*
Pero una nación no es un montón de gente viviendo sobre un territorio. Es una comunidad humana, tanto real como imaginaria, con un pasado y una cultura comunes, con intereses compartidos y conflictos de intereses, en la cual leyes escritas y no escritas regulan las relaciones y las vidas. Lo primero se llama historia; lo segundo, economía; lo tercero, política y estatuto jurídico.
En tales premisas se sustentó la expropiación de 1938 con sus amarres constitucionales y legales. El petróleo no es en México una simple propiedad. Es un patrimonio de la nación y de su pueblo. No es mineral inerte, es herencia común y es trabajo objetivado y acumulado por generaciones. Todo eso es ignorado por la propuesta privatizadora de Felipe Calderón y Agustín Carstens.
El discurso de los expropiadores de 1938, los generales Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica, fue un discurso de soberanía, un discurso de legalidad y un discurso de trabajo. Se lo puede encontrar tal cual en los Apuntes del presidente Cárdenas editados por esta universidad.
Discurso de soberanía porque, para recuperar el petróleo, ambos generales consideraron y sopesaron la coyuntura internacional y concluyeron, con razón y con pericia, que las grandes potencias estaban por entrar en una guerra mundial y no podrían defender hasta el fin a sus compañías en México. Tendrían que negociar y así lo hicieron, Estados Unidos el primero pues era quien, en caso de guerra, mayor valor estratégico concedía a ese mineral contiguo. El discurso de soberanía era así, además, un discurso geoestratégico. Ambos están ausentes en la propuesta del Poder Ejecutivo.
Discurso de legalidad porque el presidente Cárdenas sustentó la medida expropiatoria por un lado en la rebeldía de las compañías petroleras ante un laudo de la Suprema Corte, con lo cual desafiaban la ley de la nación; por el otro, en el dominio eminente de ésta, heredado de la Corona española, sobre el suelo, el subsuelo, los mares y los cielos de su territorio. Contra esa legalidad va la iniciativa del actual gobierno.
Discurso de trabajo porque la recuperación del petróleo se apoyó en una movilización nacional, antecedida y preparada por un reparto agrario sin precedentes y articulada en torno a la organización y la movilización de los trabajadores de la industria petrolera y de su sindicato. Trabajadores de la industria y sindicato siguen existiendo. Pero están hoy ausentes de estos debates y al sindicato lo controla una burocracia corrompida, cliente y cómplice de cada gobierno en turno.
La ausencia de todo discurso del trabajo, el silencio y la exclusión de los trabajadores y sus organizaciones, es el indicio ominoso de que esta proyectada entrega forma parte del asalto general del capital financiero contra el trabajo, rasgo definitorio del nuevo orden social global. Este es, empero, un tema mucho más vasto a ser abordado en otras sedes.
Con creces se ha demostrado en estas semanas que la premura tecnológica y la premura económica son añagazas, así como se ha probado que es simple chantaje la amenaza de que, si no se privatiza Pemex, no habrá recursos para educación, salud y el supuesto “combate a la pobreza”. Una reforma fiscal que hiciera pagar a las grandes fortunas los impuestos normales en los países democráticos daría los recursos y liberaría a Pemex de la exacción actual por parte del Estado.
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La iniciativa privatizadora Calderón-Carstens tiene otro sesgo amenazante. El patrimonio petrolero es parte de cualquier política de soberanía y seguridad nacional frente a potencias externas y sus gobiernos. Esta iniciativa dejaría a México desprotegido y subordinado a la política militar de Estados Unidos y a su plataforma continental de seguridad. Las fuerzas armadas mexicanas quedarían en condición de vasallaje ante el Pentágono, objetivo también de la Iniciativa Mérida.
Al hacer depender a esas fuerzas de la tecnología y el armamento de la potencia vecina; al utilizarlas repetidamente contra el pueblo mexicano y sus movimientos, como sucede con creciente gravedad en Chiapas y en la frontera sur; al embarcarlas en la guerra contra el narco, tarea policial por excelencia; al promover que el “turismo” extranjero se vaya apropiando de costas y penínsulas de México, en especial de Baja California, el presente gobierno prepara porvenires funestos para este país.
Este es el marco general de su reforma energética. Mañana nos propondrán arrendar Baja California para instalar bases militares de Estados Unidos porque el petróleo ya se enajenó y no hay dinero para salud y educación...
La defensa de la nación y de su soberanía requiere además el cese de la violencia interna. Por un lado, es urgente reconocer los derechos indígenas y así cortar de raíz la guerra interior latente y presente en Chiapas. Por el otro, urge ubicar y definir con precisión los sustentos de la guerra del narco en tanto operación de desestabilización militar del territorio. ¿Quién la apadrina y alimenta, a cuál diseño está sirviendo? No me cuadran los capos y sus fortunas como explicación única y suficiente.
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Como tema de esta mesa se nos pregunta acerca de las consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la iniciativa oficial de reforma petrolera. Después de lo antes dicho, respondo: en la presente crisis financiera mundial, en vísperas de un posible cambio de dirección política en Estados Unidos, en tiempos de guerras declaradas y no declaradas, cuando el patrimonio petrolero es como nunca un producto estratégico, entregarlo al capital privado es lanzar a la nación mexicana a una aventura política, geopolítica, jurídica y social.
Tales consecuencias nos llevarían a un desastre nacional. Habrá que impedirlo por todos los medios necesarios.
Escrito por: Adolfo Gilly*
Ciudad Universitaria, México, 27 junio 2008
* Texto presentado en el Debate Universitario sobre la Reforma Energética, Centro Cultural Universitario, Tlatelolco, Mesa 21, “Consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera”, 27 junio 2008.
* Texto presentado en el Debate Universitario sobre la Reforma Energética, Centro Cultural Universitario, Tlatelolco, Mesa 21, “Consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera”, 27 junio 2008.
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