Los mediadores propuestos por el EPR rechazan ser “convidados de piedra”. 8 de mayo de 2008
Los mediadores propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el gobierno federal advirtieron que no están dispuestos a participar en un proceso de este tipo en calidad de “testigos sociales”, como pretende la Secretaría de Gobernación.
El escritor Carlos Montemayor, designado vocero de los personajes que han aceptado fungir como mediadores, manifestó que la figura de “testigos sociales” pertenece al ámbito del derecho administrativo y suele formar parte del proceso de licitación pública en algunas secretarías de Estado.
“En ese sentido no hay parangón; no hay forma de comparar una actividad administrativa con la posible actividad de una comisión o un grupo de intermediación. No hay coincidencia en esos conceptos”, señaló.
Hace dos días, el EPR emitió un comunicado para rechazar las condiciones impuestas por el gobierno federal como única vía para dialogar. El grupo armado dijo que la oferta oficial es alevosa, tramposa e inaceptable, y destacó su rechazo a la posición en que se pretende colocar a los posibles mediadores.
Hasta anoche, el gobierno no había emitido respuesta al mensaje eperrista. No obstante, fuentes consultadas aseguraron que ya ha habido acercamientos (hasta ahora informales) con los mediadores, sin que revelara el sentido de las conversaciones.
Los integrantes del gabinete de seguridad ocuparon prácticamente toda la agenda de ayer para coordinar acciones con el propósito de ubicar a los autores de la ejecución de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, se dijo que ya estaría lista la nueva respuesta gubernamental al EPR, que deberá ser autorizada en cada uno de los puntos por el presidente Felipe Calderón.
Los mediadores serían, a propuesta del EPR: Carlos Montemayor; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; la senadora Rosario Ibarra; Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández, del Frente Nacional Contra la Represión, y el obispo emérito Samuel Ruiz.
Este grupo se reunió ayer en las oficinas del Sercicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y sostendrá encuentros periódicos para analizar la respuesta gubernamental porque, admitieron, la existencia de una comisión de intermediación sólo será posible si la acepta de ese modo el gobierno federal, de ahí que las opiniones emitidas hasta ahora son a título personal.
Si Gobernación rechaza la participación directa de estos personajes, en calidad de intermediarios, “obviamente la comisión se deshace y punto. No hay nada misterioso en esto”, indicó Montemayor.
“Podemos hablar en estos términos: o se deja pasar esa oportunidad (de diálogo con el EPR con la participación de mediadores) o se aprovecha; aquí no es una cuestión de ceder o no ceder, sino de aprovechar una oportunidad de acercamiento, de negociación política o dejarlo pasar”, agregó el escritor.
En tanto, la senadora Rosario Ibarra reiteró que su participación es para avanzar hacia la liberación con vida de los eperristas (Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), pero si su presencia –como ha deslizado Gobernación– es impedimento para ello, “me retiro”.
Ibarra, también presidenta del Comité Eureka, coincidió en que la figura de “testigos sociales” no aplica en este tipo de procesos sino en licitaciones públicas.
“Si dicen que van a salir vivos (los eperristas) pero que yo me quite de en medio, me quito; de otra manera no me quito. Es muy mi derecho estar participando en una comisión como ésta, a la que fui invitada por una de las partes”, dijo.
A su vez, el abogado Juan de Dios Hernández, también del Frente Nacional Contra la Represión, manifestó que “sería inaceptable un diálogo directo (del EPR) con el gobierno, nada más con la figura de testigo social. No aceptaremos participar como convidados de piedra o para avalar alguna situación que el gobierno hiciera contra el EPR”.
Comentó que, en su reciente mensaje, el gobierno federal fue “mucho más allá” de lo que pidió el EPR acerca de los desaparecidos, por lo que la autoridad no puede utilizar esa petición para proponer la rendición incondicional de un movimiento guerrillero.
Recordó que en la historia reciente, desde Rubén Jaramillo hasta el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hay casos en que después de aceptar el diálogo con el gobierno, éste traiciona, asesina o libra órdenes de aprehensión, de ahí que no tendría sentido la existencia de la comisión en calidad de “convidados de piedra”.
Queda integrada la Comisión de Mediación. 9 de mayo de 2008
Este viernes se constituyó la "Comisión de Mediación" entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal.
En un comunicado, los comisionados confirmaron la instalación de la comisión de mediación.
Está integrada por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Juan de Dios Hernández Monge, ex defensor del Consejo General de Huelga que mantuvo en paro a la UNAM en 1999; la senadora Rosario Ibarra de Piedra; el antropólogo Gilberto López y Rivas; el escritor Carlos Montemayor y el arzobispo emérito Samuel Ruiz.
"Reiteramos nuestra disposición de mediar entre ambas partes con carácter puntual, referido a la presentación con vida de Edmundo reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez", aclara el punto cinco del comunicado de la comisión.
Los comisionados calificaron como positivo que el gobierno y el EPR hayan manifestado su intención de diálogo.
Además, subrayaron "el valor del compromiso" del EPR de que mientras dure la intermediación no habrá acciones armadas de su parte.
Carlos Montemayor indicó que desde este momento buscan un contacto formal con la secretaría de Gobernación y aclaró que con el EPR la vía sólo será a través de los medios de comunicación.
Comunicado de Gobernación. 9 de mayo de 2008
El Gobierno Federal refrenda su disposición al diálogo y a la vía de las instituciones para resolver diferencias, y condena enfáticamente toda forma de violencia.
El Gobierno lamenta la reciente negativa del llamado PDPR-EPR a entablar una negociación en los términos planteados.
Asimismo, subraya su compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles como principio indeclinable en el ejercicio del poder, y en virtud de ello rechaza y niega las acusaciones vertidas por dicho grupo en su más reciente comunicado.
Sin renunciar a su obligación constitucional y legal de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho sin distingos ni excepciones, el Gobierno considera que la interlocución con mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que gozan de reconocimiento en distintos sectores de la sociedad, es algo válido que puede además contribuir a establecer principios de entendimiento entre el Gobierno y el llamado PDPR-EPR.
Por ello, manifiesta su disposición a escuchar los planteamientos de estas personalidades a fin de ir avanzando en la construcción de condiciones de confianza recíproca y creciente entre las partes. Lo anterior con la convicción de que dichos planteamientos contribuirán al inicio de un proceso de diálogo que resulte en la solución de las diferencias por la vía de las instituciones.
Represion en Cananea
